Derecho y salud son palabras hermanas. Para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes fundacionales. El artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Las cifras son demoledoras: en 2012 25.3 millones de personas no contaban con acceso a la salud y 47.8 millones están afiliadas al seguro popular.
Para 2017, las cifras no embellecieron el panorama del derecho a la salud en México. En el cuarto trimestre del año pasado, 57 % de la población ocupada de México trabajaba en la informalidad. 30.2 millones de personas sin acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que en muchos casos dependen de la ayuda del Seguro Popular, cuyo padrón de afiliados ya rebasó los 53 millones de mexicanos.
Aunque su cobertura permite incluso algunas cirugías mayores, la protección dista de ser perfecta y gran parte de la población vive con zozobra la posibilidad de sufrir enfermedades graves o accidentes complicados.
Es por esto que se necesitan programas que vinculen ambos conceptos, el Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM cumple 10 años trabajando en este tema de vital importancia. El 21 de febrero de 2018 se hizo un reflexión colectiva sobre aquel esfuerzo multidisciplinar organizado por el Departamento Académico de Derecho para «la formación de recursos humanos capacitados y la generación de investigación aplicable a uno de los sectores de mayor dinamismo en el país y en el mundo».
La Dra. Sofía Charvel, directora del programa, agradeció el apoyo del ITAM y las instancias invitadas para luego proseguir a un diálogo con cuatro expertos en la materia: el Dr. Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y presidente de la International Association of Public Health Institutese (IANPHI), el Dr. Eduardo González Pier, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, expresidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.
El motor de este programa es el reconocimiento de las inequidades dentro del sector salud, consecuencia palpable de una sociedad desigual. De nuevo, los datos son aplastantes. El coeficiente de Gini mexicano en 2016 fue de 0.434 (donde 0 es perfecta igualdad en ingresos y 1 es perfecta desigualdad en ingresos). Coincidieron los invitados en afirmar que los programas de salud no han tenido un aumento real en los presupuestos públicos. Más aún: este es el primer sexenio (2012-2018) en el cual se estanca la participación de este sector. Algunos medios lo resumen en términos más severos:
En 5 años, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto amputó discrecionalmente, contra lo determinado por el Poder Legislativo, 23 mil 80 millones de pesos destinados al rubro de la salud. Todo se instrumentó, entre 2013 y 2017, a través de “modificaciones al presupuesto” ejecutadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, para este 2018 sumó un recorte abierto por más de 9 mil 500 millones. El boquete en salud suma 32 mil 583 millones 200 mil pesos. Legisladores y organizaciones civiles denuncian que nunca se justificó el destino final de esos recursos. Mientras, millones de enfermos padecen o mueren en el desamparo. (Contralinea, 21 de marzo de 2018)
En medio de esta mutilación presupuestal, coincidían en otro aspecto los cuatro ponentes: los recortes son recesivos pues es sumamente necesaria la investigación multidisciplinaria entre médicos y economistas. El Programa de Derecho y Salud Pública está reconocido por el CONACYT y su función es otorgar presupuesto para este tipo de investigación.
Derecho y salud: los expertos ante la realidad de México
Hay varios retos en materia de derecho y salud, afirmaron los cuatro panelistas. El sector de la salud tiene un gran dinamismo en el país y en el mundo. Pero en México, las mallas de seguridad son tan desiguales como el reparto del PIB. Aquel que cuenta con empleo formal, obtiene también una protección de salud amplia gracias al IMSS, pero todo cambia cuando la persona se encuentra desempleada (aproximadamente el 3.4% de la población), trabaja en la economía informal (alrededor del 28% de la población económicamente activa) o tienen contratos por honorarios.
Para esta inmensa porción de ciudadanos, que no son derechohabientes de cualquier institución pública, se creó el Seguro Popular. Pero esta red no tiene la universalidad debida. Su cobertura es bastante estrecha y varios son los problemas que sufren sus afiliados.
En el diálogo con los diferentes expertos de derecho y salud se abordó el tema de los mexicanos menos favorecidos. El presupuesto, limitado o no, existe, mas no siempre llega a donde debería llegar. Se propuso un nuevo régimen de rendición de cuentas para que se pueda invertir allá donde sea necesario y no se malgasten los recursos públicos, pero el problema no es solo el desperdicio de los recursos, sino la calidad de la atención que poco a poco se degrada.
Otro problema que analizó la mesa de especialistas es la toma de decisión sobre qué servicios se van a ofrecer y a quiénes. Es el caso, por ejemplo, del Seguro Popular que aplica tratamientos contra leucemia solo a menores de 18 años. Si un paciente, que se encuentra en este procedimiento llega a la mayoría de edad queda fuera del padrón. Este solo es una de las muchas injusticias que suceden en el sector salud en la actualidad. En el diálogo, se mencionó que este tipo de programas necesitan límites y reglas, pero se requiere también analizar cómo se van ampliando las coberturas de forma gradual.
Las encrucijadas de la salud pública en México
Las decisiones sobre la salud de los mexicanos surgen de un marco ético y este debe reflejarse en las leyes. Este punto de partida crea dilemas en un sistema de recursos escasos: elegir entre un paciente grave o a uno menos grave para prevenir que empeore es una decisión rutinaria entre los trabajadores del sector. Por ello, se necesitan objetivos claros y evaluables para saber si se están logrando los objetivos. Y ello incluye decidir cuánto se va a gastar, en qué y cómo se van a recaudar estos fondos. Todo lo cual requiere análisis en profundidad, como los que ha estado elaborando estos primeros diez años el Programa de Derecho y Salud Pública en el ITAM.
Como sociedad, concluyeron los expertos, los mexicanos carecemos de información sobre nuestro derecho a la salud, desconocemos el funcionamiento de este sector y solo nos interesamos por la atención hospitalaria cuando nuestro cuerpo falla y queremos hacer efectivo el artículo 4 constitucional. Aunque no todo es pesimismo en este panorama sectorial. Si en algo estuvieron de acuerdo los cuatro ponentes es que mucho se ha logrado y aprendido en esta última década. El problema radica en todo lo que queda por hacer mientras el tiempo pasa.